En ambos países —donde, llamativamente, tanto Tayyip Erdogan como Dilma Rousseff lograron fuertes mayorías electorales—, las calles sacaron abruptamente a la luz lo que las urnas ocultan: masiva desocupación juvenil, ajustazos antipopulares, entrega de soberanía al imperialismo, “corrupción” convertida en método y programa de gobierno, partidos tradicionales que monopolizan “la política” burguesa electoral y parlamentaria…
Y superexplotación para las mayorías: más allá del relativo estancamiento económico actual por la crisis mundial, y después de años de crecimiento “a tasas chinas”, en el Brasil “potencia”, “sexta economía del mundo” y miembro del BRICS casi 80 millones de personas viven en la pobreza, y más de 15 millones en la miseria. Una realidad propia de un país dependiente.
¿Qué “crecimiento”?
En los ’90, y con las mismas recetas del “Consenso de Washington” que acá siguió Menem, el socialdemócrata Fernando H. Cardoso privatizó por monedas lo fundamental de la industria estatal brasileña: petróleo, teléfonos, minería, aeronáutica. El capital imperialista pasó a dominar no sólo las ramas privatizadas sino también la alimentación y la producción de bebidas, soja y carne. Igual que en la Argentina, empezó la brutal sojización del campo brasileño. Después vino Lula, que mantuvo las privatizaciones de Cardoso y desnacionalizó puertos y aeropuertos. Después vino Dilma Roussef, que profundizó el camino de la desnacionalización y la desindustrialización de la mano de obras de infraestructura faraónicas, de las inversiones chinas (que ya superaron los 21.000 millones de dólares) y de las exportaciones sojeras a China. El economista Wilson Cano definió con precisión el falso “progresismo” de Lula y Dilma, volcados a un neodesarrollismo de cuño liberal: “Estamos cantando como una cigarra. Estamos cantando con la música china. Cantando por exportar pollo, soja y mineral de hierro. Pero eso nunca dio futuro a nadie”.
El lunes 10, apenas tres días antes del estallido popular, el gobierno de Dilma anunció el cumplimiento del 55% de las obras del Plan de Aceleración del Crecimiento 2 (PAC 2), gigantesco programa de 4 años de construcción de infraestructura que terminaría en diciembre de 2014: se invirtieron ¡260.000 millones de dólares! en autopistas, obras hidroeléctricas y ferrocarriles —incluido un tren de alta velocidad entre Río de Janeiro y Sao Paulo—, y en “mejoras urbanas”.
Más “orden” que “progreso”
El lunes 10, apenas tres días antes del estallido popular, el gobierno de Dilma anunció el cumplimiento del 55% de las obras del Plan de Aceleración del Crecimiento 2 (PAC 2), gigantesco programa de 4 años de construcción de infraestructura que terminaría en diciembre de 2014: se invirtieron ¡260.000 millones de dólares! en autopistas, obras hidroeléctricas y ferrocarriles —incluido un tren de alta velocidad entre Río de Janeiro y Sao Paulo—, y en “mejoras urbanas”.
Más “orden” que “progreso”
El PAC2 prevé una inversión total de 620.000 millones de dólares entre 2011 y 2014. Las obras en puertos y aeropuertos, estadios deportivos, redes de transporte urbano, hoteles, etc. en las 12 ciudades que serán sede de la Copa del Mundo 2014 crearon 8 millones de “puestos de trabajo”… y engordaron a los monopolios de la construcción como Odebrecht, Camargo Correa y GDF-Suez.
El gobierno y los medios nacionales e internacionales ocultan las grandes huelgas que durante 2012 se multiplicaron por todo el Brasil en la construcción, principalmente en las obras del faraónico Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC) lanzado en primera versión por Lula en 2007 y en segunda por Dilma en 2011. Verdaderas revueltas obreras estallaron contra las pésimas condiciones de trabajo, las humillaciones inferidas por los capataces, los alojamientos precarios, las porquerías alimentarias, los constantes accidentes de trabajo —incluidas muertes y mutilaciones— y otros abusos sufridos en los obradores de las usinas hidroeléctricas de Jirau y San Antonio en el estado de Rondonia (donde se encarceló a 11 obreros para aplastar la huelga de 26 días de mayo de 2012 en reclamo del cumplimiento del acuerdo resultante de la huelga de 2011), en la de Belo Monte en Pará, y en la de Garibaldi en Santa Catalina. También hubo duras y repetidas huelgas de los trabajadores que construyen los estadios del Mundial en todo el país.
En noviembre de 2012 el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES), a pedido del gobierno de Dilma, aprobó un préstamo sin precedentes de 22.500 millones de reales (10.800 millones de dólares) para la construcción de la gigantesca represa hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingú, un afluente del Amazonas en el estado de Pará (noroeste de Brasil). El proyecto fue paralizado varias veces por comunidades indígenas y de pescadores porque la empresa y el gobierno no cumplen con los requerimientos ambientales y sociales. En abril de 2012, 8.000 trabajadores del proyecto cerraron el complejo, incendiaron los obradores y la maquinaria y cortaron rutas contra las condiciones de explotación impuestas por la empresa, incluyendo mala alimentación, accidentes mortales y represión interna.
¿Quién habla de las luchas de los docentes, los estatales, los trabajadores de correos? ¿Y de la lucha campesina que no cesa, a pesar de los crímenes masivos perpetrados en los últimos años por los matones de los latifundistas? ¿Y de la lucha de los pueblos indígenas, que siguen reclamando el derecho a sus tierras de las que siguen siendo violentamente expulsados por los latifundistas y ahora también por el falso “progreso” de la sojización y las represas del PAC?
El ministro Gilberto Carvalho, jefe de la Secretaría General de la Presidencia y organizador del sistema de recaudación de coimas para los dirigentes del PT, en otros tiempos dirigente de la Central Única de Trabajadores (CUT), ahora desde el ministerio opera como empleado de los grandes contratistas, en particular Camargo Correa y GDF-Suez. Dijo que las huelgas en las obras del PAC “son políticas”, y acusó a los trabajadores de Jirau de vándalos y ladrones. En lugar de exigir que los monopolios contratistas cumplan con los derechos laborales, Carvalho lanzó a las tropas de la “Fuerza Nacional” para reprimir las huelgas.
El gobierno y los medios nacionales e internacionales ocultan las grandes huelgas que durante 2012 se multiplicaron por todo el Brasil en la construcción, principalmente en las obras del faraónico Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC) lanzado en primera versión por Lula en 2007 y en segunda por Dilma en 2011. Verdaderas revueltas obreras estallaron contra las pésimas condiciones de trabajo, las humillaciones inferidas por los capataces, los alojamientos precarios, las porquerías alimentarias, los constantes accidentes de trabajo —incluidas muertes y mutilaciones— y otros abusos sufridos en los obradores de las usinas hidroeléctricas de Jirau y San Antonio en el estado de Rondonia (donde se encarceló a 11 obreros para aplastar la huelga de 26 días de mayo de 2012 en reclamo del cumplimiento del acuerdo resultante de la huelga de 2011), en la de Belo Monte en Pará, y en la de Garibaldi en Santa Catalina. También hubo duras y repetidas huelgas de los trabajadores que construyen los estadios del Mundial en todo el país.
En noviembre de 2012 el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES), a pedido del gobierno de Dilma, aprobó un préstamo sin precedentes de 22.500 millones de reales (10.800 millones de dólares) para la construcción de la gigantesca represa hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingú, un afluente del Amazonas en el estado de Pará (noroeste de Brasil). El proyecto fue paralizado varias veces por comunidades indígenas y de pescadores porque la empresa y el gobierno no cumplen con los requerimientos ambientales y sociales. En abril de 2012, 8.000 trabajadores del proyecto cerraron el complejo, incendiaron los obradores y la maquinaria y cortaron rutas contra las condiciones de explotación impuestas por la empresa, incluyendo mala alimentación, accidentes mortales y represión interna.
¿Quién habla de las luchas de los docentes, los estatales, los trabajadores de correos? ¿Y de la lucha campesina que no cesa, a pesar de los crímenes masivos perpetrados en los últimos años por los matones de los latifundistas? ¿Y de la lucha de los pueblos indígenas, que siguen reclamando el derecho a sus tierras de las que siguen siendo violentamente expulsados por los latifundistas y ahora también por el falso “progreso” de la sojización y las represas del PAC?
El ministro Gilberto Carvalho, jefe de la Secretaría General de la Presidencia y organizador del sistema de recaudación de coimas para los dirigentes del PT, en otros tiempos dirigente de la Central Única de Trabajadores (CUT), ahora desde el ministerio opera como empleado de los grandes contratistas, en particular Camargo Correa y GDF-Suez. Dijo que las huelgas en las obras del PAC “son políticas”, y acusó a los trabajadores de Jirau de vándalos y ladrones. En lugar de exigir que los monopolios contratistas cumplan con los derechos laborales, Carvalho lanzó a las tropas de la “Fuerza Nacional” para reprimir las huelgas.