Por Miriam Paz
Tras el golpe demoledor que recibió el kirchnerismo en las PASO, el candidato a diputado nacional del FPV en la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, pasó a impulsar en el Congreso un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El candidato mantiene el apoyo total de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El proyecto viene acompañado por una campaña de “seguridad” también del gobernador Daniel Scioli y el secretario de Seguridad Sergio Berni.
Recurren a la mano dura con vistas a las elecciones de octubre. También para ocultar los verdaderos y profundos problemas que generan inseguridad a la población, como son la larga cadena de carencias que viven los pobres y los explotados: la falta de trabajo digno, de vivienda, salud, educación.
De víctimas sin derechos a victimarios
El código penal o las leyes nunca van a resolver el conflicto social y las consecuencias de la pobreza en que se sustentan las penas del pueblo. Se trate de jóvenes o de adultos.
Tampoco su existencia garantiza siquiera el cumplimiento de las leyes. Porque los pobres y los hijos de los trabajadores transitan en un país donde en la vida cotidiana no rigen los derechos, las garantías, ni las normas legales. En ese país los niños pueden llegar más rápido al paco que a la escuela. No encuentran camas ni suministros en los hospitales. Van desde temprana edad con sus madres a los trabajos precarios en el campo o en la ciudad, o los acompañan en jornadas insalubres y denigrantes revolviendo la basura. Viajan en trenes que transportan muerte. Conocen el carro antes que ningún trabajo digno. Y los que tienen trabajo, se desempeñan en actividades no registradas por el Estado, o en negro. En talleres de esclavos que nadie controla. Sin derechos.
Conocen precozmente los abusos policiales. O son utilizados y obligados por esa fuerza a cometer delitos.
Ven invadidos sus barrios con gendarmes y prefectos. Fuerzas que integran el aparato represivo nacional, conformadas también por agentes que vienen de la dictadura, que hacen espionaje ilegal en las organizaciones populares pero que son presentadas como menos corruptas o descompuestas que la fuerza policial.
Esos chicos viven en barrios donde la droga está despenalizada de hecho. Se la puede tener, llevar, consumir sin ser molestado, con la complicidad de las fuerzas públicas. El Estado desprecia la vida de estos chicos que llevan veneno en sus manos. Chicos que ven cómo sus mayores son detenidos arbitrariamente, o asesinados por balas del gatillo fácil. O torturados en cárceles y comisarías.
Esa juventud menor no llega a ser objeto de preocupación por parte de quienes gobiernan, con políticas públicas serias y responsables.
La baja de la edad de imputabilidad
Ya Videla lo había impulsado en 1976; pero luego tuvo que retroceder en 1980, cuando se volvió a la edad de 16 años como sigue vigente hasta la actualidad (Ley 22.278, Régimen Penal de la Minoridad creada por la dictadura).
Las estadísticas no avalan los discursos de mano dura hacia los jóvenes y chicos de 14 años. No son ellos quienes se dedican a la trata, al narcotráfico o la corrupción. Casi no hay delitos cometidos por chicos de esa edad. “Ni tenemos en el país un serio problema de criminalidad violenta de adolescentes entre los 14 y los 16 años”, opina el propio ministro (K) de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni.
Este proyecto desde el punto de vista jurídico contradice leyes nacionales como la de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del año 2005, donde lo que prevalece (en la letra) es la defensa de sus derechos, más que su estigmatización, persecución y condena. Y viola convenciones internacionales de derechos humanos que la Argentina suscribe.
Sus defensores esgrimen que es un proyecto que busca garantizar el pleno ejercicio de las garantías constitucionales de los jóvenes. Que se trata de un régimen democrático para procesar los delitos que eventualmente podrían cometer las personas menores de edad.
Se supone que la justicia de los adultos cuenta con esas garantías. Pero a pesar de que la Constitución establece que “nadie puede ser penado sin juicio previo”, la realidad es que los presos sin condena son el número principal de detenidos en la Argentina (más del 50% no tienen sentencia). El abuso de estas medidas cautelares de encierro preventivo constituye otra apariencia de dar respuesta a las “demandas sociales de más seguridad”. Aunque esté demostrado en el mundo que aumentar la prisión no favorece la disminución del delito.
Estigmatizar a los jóvenes “peligrosos”, crear un enemigo, ayudaría más a perseguirlos y también a controlarlos y condenarlos. No sea cosa que además se quieran rebelar contra tantas carencias.
Porque el pueblo también padece la inseguridad frente al Estado: que oprime al pueblo, incumple leyes, comete delitos y queda impune.