miércoles, 23 de octubre de 2013

Editorial | La inflación es ajuste, la devaluación también

[Vamos! Nº16] El gobierno discute con los otros sectores de las clases dominantes cómo aplicar más ajuste. Utilizan la inseguridad para militarizar las barriadas populares y preparar la represión. El frente Camino Popular en la Ciudad de Buenos Aires y otras expresiones populares en el resto del país son instrumentos para castigar a esta política.



El nuevo choque del tren Sarmiento en Once reitera descarnadamente las trágicas consecuencias de un modelo que ha remachado la dependencia. El gobierno nacional también muestra su esencia con el acuerdo YPF-Chevron, la designación de César Milani al frente del Ejército, el saqueo minero y las denuncias de corrupción. Todos estos hechos, y especialmente la situación económica y social que se agrava, están en la base del descontento popular que se expresó en las PASO y que mostraron un gobierno en retirada.

La carestía golpea fuerte
El tomate tocó los $50 el kilo, el pimiento morrón los $45, el zapallito $40 el kilo. La leche está cerca de los $10 y el pan se mantiene a $18 el kilo. La inflación golpea fuerte en los precios de los productos básicos de la canasta familiar.
Esto tiñe la campaña electoral, por más que el gobierno se empeñe en mostrarse como si estuvieran en el año 2003 recién asumidos. De nada sirve seguir hablando de la década de los ´90 cuando han pasado diez años de gestión y hoy dos kilos de tomates cuestan 100 pesos, se paga más deuda pública, se entregan las riquezas estratégicas y se han mantenido las privatizaciones, cuyas consecuencias se han vuelto a evidenciar con violencia en Once.
Este deterioro y el descontento popular son aprovechados por los otros sectores dominantes, que traen una fuerte devaluación bajo la manga. Atrás de Sergio Massa o el FAP-UNEN están los sectores que con el ex presidente Eduardo Duhalde, la UCR y Clarín impusieron la devaluación con la que “hacharon” los salarios en beneficio de los monopolios y terratenientes agro-exportadores en el 2002.
El fin del ciclo kirchnerista en el gobierno estará plagado de medidas que necesitan las clases dominantes para sostener sus ganancias, mientras van preparando sus diferentes alternativas en el terreno político. Esto dominó los debates del Coloquio de IDEA en Mar del Plata, evento que reúne a lo más granado del empresariado de los principales monopolios imperialistas en el país. La vuelta a ese recinto del gobernador Daniel Scioli y su reconociendo del fracaso en la lucha contra la inflación llevó tranquilidad y mostró el signo de una nueva etapa hacia el 2015 donde lo tendrá de protagonista.

Buscan una transición ordenada
La enfermedad de Cristina Kirchner trajo incertidumbre en el gobierno y los sectores de clases dominantes sobre la gobernabilidad. Esto fue aprovechado por el kirchnerismo para ordenar la transición y sacarla a CFK de la campaña. En este marco se negocia cómo sostener una economía en problemas y llevar adelante el ajuste para tratar de cubrir el déficit en las cuentas públicas y cumplir con los compromisos en la transición, mientras cae el consumo y hay ramas de la economía que están estancadas con suspensiones y despidos de los trabajadores.
El gobierno modificó la distribución del Presupuesto de este año para pagar los acuerdos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. El ciclo kirchnerista había arrancado con una deuda de US$ 150.000 millones. En los últimos diez años se pagaron US$ 173.700 millones. Pese a todo, datos de fines del año pasado revelan que las obligaciones pendientes suman US$ 220.000 millones. La política de “desendeudamiento” del modelo K profundiza la dependencia.
Al ajuste por inflación se le sumará el ajuste en los servicios de primera necesidad, ya que el gobierno —con necesidad de caja— está estudiando reducir los subsidios a los monopolios que controlan el gas y la luz. El kirchnerismo mantiene subsidiado lo fundamental de la economía.
Las clases dominantes están preocupadas por cómo se sostendrá una economía subsidiada, con una emisión que parece no detenerse, sin que la economía le reviente en las manos al gobierno en el tramo final de su mandato o al inicio del que lo sucederá.

El ajuste no cierra sin represión
El gobierno va aceitando las medidas represivas. Así se comprende por qué el kirchnerismo se aseguró hombres leales al frente del Ministerio de Defensa como Agustín Rossi y el represor César Milani al frente del Ejército corriendo con un enorme gasto político. Con el escándalo de Juan Cabandié el kirchnerismo dilapidando su capital político en materia de derechos humanos.
Todas las respuestas a la inseguridad, por parte del gobierno y el resto de las clases dominantes, incluyen acrecentar las fuerzas represivas en las calles y atacar a los sectores populares, en particular los jóvenes. Ya aparecieron afiches de campaña del FPV en La Matanza, donde se puede ver fotos gigantes de gendarmes en las calles con slogan contra la inseguridad. Pero son los mismos que reprimen en los barrios y a los trabajadores que luchan.
La militarización también agrega más actores para la disputa por los bastiones de la droga en los barrios cubriendo a los narcos y cárteles. Lo sucedido en la provincia de Santa Fé, es un claro ejemplo de este. En los seis años de gobierno del Partido Socialista, no sólo no redujo la pobreza sino que se acrecentó la corrupción en la policía de la provincia donde está preso su ex jefe por narcotráfico y la trata. No es de sorprender, entonces, que el pasado 11/10 el gobernador de Santa Fe Antonio Bonfati recibiera 14 balazos en su casa en una clara advertencia mafiosa.
La Gendarmería y la Prefectura estaban “ausentes” en la villa del Bajo Flores cuando mataron a varios jóvenes en ajustes de cuentas para controlar ese principal punto de distribución de la droga del área metropolitana. “Segmentos del poder político protegen y otorgan impunidad a un accionar policial que, a su vez, vía control territorial, protege al delito”, afirmó el diputado Claudio Lozano de Camino Popular.
No se conoce ningún operativo de las fuerzas de seguridad para desarmar las redes de trata, o los prostíbulos que —por ejemplo— sólo en la Ciudad de Buenos Aires superan los 1.200.
La corrupción y el crimen administrado desde este Estado oligárquico-imperialista, por un entrelazamiento de políticos burgueses, fuerzas de seguridad y la Justicia, solo tiene remedio en la revolución que lo destruya hasta sus cimientos y construya un Estado de nuevo tipo de las clases populares hegemonizado por la clase obrera.

Castigá desde posiciones populares
Para enfrentar estas lacras hoy es necesaria la reconstrucción de la unidad popular, que cierre filas contra los despidos, la inflación, la precarización, la represión y la corrupción de Estado, haciendo que paguen esos que “se la llevaron con pala”: los terratenientes, monopolios y bancos.
Para estos objetivos inmediatos el voto a Camino Popular en la CABA y otras expresiones populares y antiimperialistas en el resto del país fortalecen el reagrupamiento para la lucha luego de las elecciones.
Al calor de esto, impulsamos poner en pie movimientos democráticos populares y antiimperialistas, basados en agrupaciones de trabajadores, de género, de la intelectualidad, de las organizaciones sociales, barrios, estudiantiles, del campesinado pobre y medio y demás sectores que se planteen la liberación nacional y social de nuestro pueblo. Para lograr estos objetivos te invitamos a sumarte al Comunismo Revolucionario (CR).