martes, 5 de noviembre de 2013

Una disputa entre monopolios sobre los medios de comunicación

[Vamos! Nº17] Fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Medios. 


Por Martín Bustamante

El martes 29 de octubre la Corte Suprema de Justicia declaró constitucionales los artículos de la Ley de Medios cuestionados por Clarín. Estos artículos son los que definen que las licencias son intransferibles salvo excepciones, establecen el límite máximo de 24 licencias por cable para cada prestador, de 35% del total de habitantes, de ser titular de no más de una señal de contenidos y no poder ser licenciatario al mismo tiempo de una licencia de TV abierta y una de cable en el orden local.
También establecen un plazo para que los titulares de licencias se adecúen a la cantidad máxima permitida que la ley prevé; y establecen que la multiplicidad de licencias no puede considerarse como un derecho adquirido que estas normas no puedan afectar. A su vez, la Corte respaldó la decisión de que sea el Estado el que regule, y al mismo tiempo criticó la distribución discrecional de publicidad oficial.

Una disputa por arriba
La oposición, a través de Clarín y Lilita Carrió, denunció un pacto entre el presidente de la Corte y el secretario legal y técnico Carlos Zannini. Además buscan concentrar sus críticas en el funcionamiento del órgano de aplicación de la Ley, la AFSCA.
Ésta es otra batalla más en la disputa por la hegemonía de los medios, entre distintos sectores de las clases dominantes.

Los objetivos del gobierno
Desde la sanción de de Ley de Medios hasta ahora, avanzaron grandes grupos mediáticos vinculados al gobierno, como Telefónica —exceptuado de las adecuaciones y desinversiones que tiene que realizar— al igual que Clarín. También se entregaron permisos experimentales de TV digital de modo discrecional a las señales 360 TV, C5N de Cristóbal López, CN23, 360 TV, C5N de Cristóbal López, CN23, “Suterh con vos TV” (trabajadores de edificios) de Víctor Santamaría y “Construir TV” (UOCRA) de Gerardo Martínez, entre otros.
El presidente de la AFSCA, Martín Sabatella, anunció que los grupos pueden desagregar su actual estructura societaria en distintas sociedades y de esa forma adecuarse a la ley. De este modo, las frecuencias que se liberen no serán devueltas al Estado para que este garantice un destino distinto, sino que serán vendidas o transferidas (entre monopolios mediáticos) a quienes puedan pagarlas; por lo tanto no se ampliará la disponibilidad del espectro.
A su vez, la falta de elaboración de un Plan Técnico (ordenamiento del espectro ocupado y del libre) no garantiza que se liberen espacios para que los medios populares tengan acceso a las  licencias. Los medios populares reclaman que se cumpla con el 33% para los medios sin fines de lucro, distinguiendo dentro de ellos a los medios comunitarios alternativos y populares, tal como fueron definidos en el artículo 4 de la Ley de Medios.
Por otra parte sigue vigente el decreto 527/05, firmado por Néstor Kirchner en 2005, que prorrogó diez años más licencias entregadas desde 1982 a grandes grupos (y que vencían en el año 2007).
Para la reciente puesta en marcha del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), contemplado en la ley para los medios populares, sólo se ejecutó una parte del dinero que debió haberse destinado. Y  fundamentalmente fue restrictivo, porque exigía a los medios que presentaran proyectos, tener licencia, autorización o reconocimiento que, luego de 4 años, la AFSCA casi no le ha dado a estos medios.
Por eso, como plantea el boletín de debate de Abran Paso, con este fallo “no se juega una verdadera democratización de la comunicación, sino más bien una disputa por la hegemonía entre grandes grupos en una pata clave del poder como son los medios de comunicación”.

Los medios populares nos organizamos
Los comunicadores y los medios comunitarios, alternativos y populares se están organizando para exigir a la AFSCA que las licencias liberadas sean destinadas a los medios sin fines de lucro, que se publique el Plan Técnico, se cumpla con el 33%, y se democratice la distribución de la pauta publicitaria, destinando un porcentaje a la comunicación popular.