[Vamos! Nº 43] Sobre la política Nacional de Ciencia y Tecnología. Nota 2 de 2. Un aspecto importante sobre la política del gobierno en investigación científica y desarrollo tecnológico es que la viene llevando adelante en su mayoría creando o fortaleciendo empresas privadas bajo la forma de Sociedades Anónimas (S.A)En la nota anterior (publicada en Vamos! Nº41) analizamos si la política de desarrollo de Ciencia y Tecnología (CyT) del gobierno –dirigida a ocupar “nichos” u oportunidades de negocios en el mercado internacional ocupando lugares libres o permitidos por el imperialismo– avanzaba, o no, en el camino de un desarrollo autónomo, integral, sostenido para romper la dependencia. Como parte de este debate, un aspecto importante a analizar es el hecho de que el gobierno impulsa estos desarrollos en su mayoría creando o fortaleciendo empresas privadas bajo la forma de Sociedades Anónimas (S.A). En esta nueva nota abordamos esta cuestión.
Para llevar adelante muchos de los proyectos tecnológicos importantes, el gobierno impulsa la creación y/o mantenimiento de empresas Sociedades Anónimas (S.A.) en lugar de realizar estos desarrollos en el marco de las instituciones existentes de CyT o de crear Sociedades del Estado (S.E.). En el área satelital, el gobierno creó ARSAT S.A. para la operación y CEAT.S.A. para los ensayos necesarios. En el área nuclear, mantuvo las empresas privadas que existían previamente: NA.S.A. para la operación de las centrales nucleares de potencia –a la que el gobierno le encomendó también la finalización de Atucha II y la construcción de la cuarta central nuclear–; CONUAR S.A. para la fabricación del combustible nuclear –que pertenece 33% a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y 67% al grupo Pérez Companc–; y FAE S.A. para la fabricación de aleaciones especiales necesarias en el área –en la que el grupo Pérez Companc también participa a través del 68% de CONUAR S.A.–. En el área de hidrocarburos, compró parte de las acciones de YPF S.A. para alcanzar el 51% pero la mantuvo como una empresa privada; creó la empresa privada Y-TEC S.A. como un acuerdo entre YPF S.A. y el CONICET para desarrollos en tecnología en petróleo convencional y no convencional; y creó la empresa privada ENAR.S.A. para exploración y explotación. También compró las acciones de Aerolíneas Argentinas S.A., entre otras.
La composición accionaria de estas empresas privadas es variada. En algunas, como ARSAT, el Estado tiene hoy el control de todas las acciones; en otras, como CONUAR, tiene sólo un tercio, teniendo en este caso el control de la empresa el grupo Pérez Companc. Sin embargo, todas se rigen más por una política que sigue la rentabilidad necesaria de un privado que por el interés del pueblo y la Nación.
La utilización de la forma societaria de S.A. en lugar de S.E. no es sólo una cuestión de la composición societaria y la participación de privados o no en las mismas, sino también una clara diferencia del marco regulatorio y legal que rigen a estas empresas. Precisamente, ante las denuncias de los acuerdos secretos de YPF con Chevron, el gobierno esgrimió este argumento y clarificó la cuestión. Como dice la misma empresa en su comunicado oficial sobre este tema: “Se trata de un acuerdo comercial firmado entre dos empresas privadas (...) YPF debe recibir el tratamiento de una Sociedad Anónima regida por la ley 19.550, no encontrándose alcanzada por el régimen de acceso a la información pública”. En otras palabras, las S.A. –aún con mayoría de acciones del Estado– son empresas privadas que se rigen como tal, no rinden cuentas ni siquiera ante el pedido de diputados –como ocurrió en este caso–, y pueden hacer todo tipo de acuerdos y manejos secretos que la forma de empresa estatal o S.E. no permite.
Por otro lado, para analizar la composición societaria hay que tener en cuenta el momento de desarrollo particular de cada empresa. En el caso de ARSAT S.A. es una empresa de telecomunicaciones recién creada, por lo que tiene un requerimiento inicial altísimo de inversión para construir y lanzar los satélites de comunicaciones, la compra, distribución y emplazamiento de 40.000 km de red de fibra óptica en el país, etc. Si bien las telecomunicaciones son un negocio excelente, no lo son en la primera etapa de su desarrollo donde requieren una altísima inversión. Esta fuerte inversión inicial la está realizando actualmente el Estado. La tecnología para la fabricación de los elementos combustibles nucleares fue desarrollada oportunamente por la CNEA, pero luego fue transferida gratuitamente a CONUAR en su creación –al mismo tiempo que la empresa se mantiene actualizada tecnológicamente a través de contratos de asistencia tecnológica con la CNEA–. Aún en las S.A. en las que el Estado tiene actualmente la mayoría de las acciones, esto puede cambiar fácilmente por simple decisión del directorio de la empresa y sin necesidad de pasar por una ley del Congreso. Así, toda la inversión estatal queda en manos de ganancias de privados.
Empresa del Estado,
Sociedad del Estado y Sociedad Anónima
Antiguamente las empresas públicas de servicios y estratégicas estaban bajo la órbita de los ministerios. En el ‘49 se creó el régimen Empresas del Estado, sacando a las mismas de esa órbita y otorgándoles un funcionamiento similar al de un ministerio en cuanto al desarrollo de sus políticas y administración presupuestaria. El Estado designaba su dirección, responsable o presidente y la empresa rendía cuentas ante el Congreso.
En el ‘74, para otorgar un funcionamiento más similar al de las empresas privadas, se creó el régimen de Sociedades del Estado (S.E.), otorgándoles una estructura y funcionamiento similar a una S.A., salvo por la composición societaria en la que no puede haber privados y sólo el Estado, provincias, instituciones o empresas estatales. Parecido al funcionamiento de una S.A., los accionistas y el directorio pueden buscar la valorización de sus acciones generando ganancia y son quienes tienen la autonomía para regir la empresa. Junto con este proceso se transformaron en S.E. la mayoría de las Empresas del Estado existentes como YPF, Gas del Estado, Agua, Energía Eléctrica, Subterráneos de Buenos Aires, Aerolíneas Argentinas, entre otras.
Luego en el ‘76 vino la dictadura militar y las primeras empresas privatizadas, comenzando por el desmembramiento de la CNEA en algunas S.A. como CONUAR.
Finalmente durante los ‘90 vinieron las privatizaciones masivas y la mayoría de las S.E. se convirtieron a empresas privadas S.A., pasando a regirse completamente dentro del marco regulatorio del derecho privado para empresas y, además, se vendieron sus acciones a privados.
El caso de YPF es una muestra de los distintos momentos políticos y procesos de desarrollo por los que pasó la Argentina. Nacida como una empresa pública en el ‘22, convertida en Empresa Estatal en el ‘49, luego en S.E. en el ‘74 y finalmente privatizada como S.A. en el ‘99. Actualmente mantiene la forma de empresa privada S.A. aunque con control mayoritario de las acciones por parte del Estado.
Por un desarrollo autónomo, integral y sostenido para romper la dependencia
En definitiva, el camino de las empresas privadas S.A. no es la forma adecuada para avanzar en el camino de un desarrollo autónomo, integral, sostenido para romper la dependencia. La política desarrollista que promueve el gobierno no es un camino para romper con los monopolios imperialistas. La reciente ley buitre de hidrocarburos aprobada por el gobierno y los acuerdos secretos de YPF-Chevron –amparados bajo la forma de acuerdos entre empresas privadas– son un camino muy distinto al que permitió el avance en hidrocarburos con la YPF conducida por Enrique Mosconi o en la siderurgia con SOMISA encabezada por Manuel Savio. Para lograr la independencia tecnológica, la política de CyT necesita fortalecer el camino de las empresas públicas y estratégicas cuyo objetivo esté en función de las necesidades nacionales y populares para romper la dependencia de los monopolios imperialistas, como parte de la liberación nacional y social.