El atentado a la AMIA se produjo el 18 de julio de 1994. Murieron 85 personas y más de 300 fueron heridas. Este hecho ocurrió durante el gobierno de Carlos Menem, quien resolvió que el Estado argentino participara con dos fragatas en la guerra del Golfo contra Irak en 1991 como parte de la coalición encabezada por el imperialismo yanqui. En 1992 ya se había producido el atentado a la Embajada de Israel. Estos son los antecedentes inmediatos al atentado en la AMIA.
Luego de este segundo atentado, el gobierno de Carlos Menem, desde la SIDE, y el juez Galeano llevaron adelante un plan para sepultar bajo un manto de ocultamiento tanto a los responsables como el trasfondo político de los atentados, de la misma manera que lo hizo luego con el asesinato de su propio hijo.
Al asumir el kirchnerismo continuó los acuerdos de los gobiernos previos con EEUU e Israel y se avanzó en el armado de la causa apuntando contra Irán. El propio Néstor Kirchner designó al frente de la causa AMIA al fiscal Alberto Nisman y lo puso a trabajar con el servicio de inteligencia “Jaime” Stiusso, quien ascendió en la SIDE durante la dictadura.
Pero en los últimos años el kirchnerismo comenzó un replanteo de su política exterior con respecto a Irán. Entonces buscó desandar el rumbo que transitó en la causa AMIA durante una década siguiendo los informes de la CIA y el Mossad, y aprobó en el Congreso el Memorándum de entendimiento con Irán. También todo esto es parte de una política que –desde un inicio– fue profundizando el alineamiento y los acuerdos de la Argentina con China.
De fiscales y servicios
Producido el atentado contra Charlie Hebdo en Francia, Clarín acusó al gobierno de no participar de la movilización en París y Nisman adelantó su regreso a la Argentina para contragolpear con su denuncia sobre la causa AMIA.
La crisis se había agudizado luego de que desde el Ejecutivo se desplazó a la cabeza de la SIDE y “referentes” históricos como el propio Stiusso. Crisis que ya venía agitando la interna en el gobierno con otros espías de peso como Larcher y Pocino, y el asesinato en manos de un grupo especial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires del agente conocido como “el Lauchón”.
En el mismo tiempo el gobierno desató la ofensiva desde la Procuraduría a cargo de Girls Carbó para desplazar a los fiscales vinculados con la oposición y poner fiscales “leales” al Ejecutivo. Precisamente el fiscal Nisman, como parte de otro sector de las clases dominantes, había entrado en contradicción con el Ejecutivo a partir del acuerdo con Irán y venía preparando la denuncia contra la presidenta. Su denuncia, como señala un sector de familiares de las victimas de la AMIA, no involucra a la misma SIDE, principal responsable del encubrimiento durante veinte años, se mostró en el multimedio Clarín –que le brindó la plataforma mediática–, pero se negó a mostrar la acusación y la entrega de una copia a los querellantes en la causa, aduciendo “contener información clasificada”.
Nisman acordó con un sector de la oposición declarar en el Congreso de la Nación. Ya a esta altura el jefe de la Interpol había salido a desmentirlo apoyando la postura de Timerman en cuanto a las alertas rojas, la jueza Servini de Cubría no habilitó la feria judicial y el kirchnerismo le iba a recordar que WikiLeaks publicó documentos clasificados de la embajada norteamericana en Buenos Aires por los cuales se sabe que Nisman le informaba puntualmente de todos sus pasos al FBI –a veces antes de darlos–, no le informaba al juez de la causa Canicoba Corral y tenía trabajando para él a servicios de inteligencia que no integrarían la SI. Un fiscal “de la Nación” que se trasladaba en un auto de una empresa de la CIA. Así se preparaba esta contienda en el terreno político hasta que el domingo a la noche Nisman apareció muerto.
El oficialismo trató de imponer entonces que esta maniobra es parte de un plan desestabilizador de sectores de la oposición y que Nisman se habría suicidado por lo endeble de su denuncia. No logró imponer la tesis del suicidio y pasó a denunciar que Nisman fue instrumentado: “lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto”, sostuvo la presidenta girando a la tesis del homicidio. “La verdadera operación contra el Gobierno era la muerte del fiscal después de acusar a la presidenta, a su canciller y al secretario general de La Cámpora de ser encubridores de los iraníes acusados por el atentado terrorista de la AMIA”, afirmó. Esta tesis luego fue apoyada por el Congreso del PJ. Entonces el kirchnerismo apuntó a Stiusso y denunció vínculos con la CIA y el Mossad.
Por su parte, La Nación publicó que allegados a Stiusso “responsabilizan, por lo bajo, por la muerte de Nisman al jefe del Ejército, teniente general Cesar Milani, a quien le atribuyen el control de la inteligencia militar y local”. Y sobre los potenciales responsables, Clarín lanzó: “Los elementos desplazados de la Secretaría de Inteligencia están en la mira. Pero bien podría echarse un vistazo sobre servicios extranjeros. Y también sobre el sector más afín y que cuenta con más recursos: el que responde al jefe del Ejército, teniente general César Milani.”
Lo que está claro es que tanto una facción como otra disputan la hegemonía en el bloque de clases dominantes y el control del Estado, y todo indica que en el futuro inmediato estas contradicciones se agudizarán.
¿Y el pueblo?
Frente a esta realidad es fundamental que los sectores populares se manejen con independencia de clase, y avancen en la lucha por la independencia de nuestro país frente a la disputa entre las potencias imperialistas que se agudiza en el mundo. De lo contrario serán miserablemente usados por esta lucha entre los que detentan el poder en la Argentina.
Por eso es necesario profundizar la lucha y aprovechar ahora todas las ventajas que dejan la puja de los de arriba para exigir que se abran los archivos de la ex SIDE (no sólo la desclasificación digitada por el gobierno), que además de ser instrumento de la disputa entre sectores de las clases dominantes tienen como blanco a las organizaciones populares (como quedó en evidencia con el Proyecto X de la Gendarmería, por citar sólo un ejemplo reciente). Y seguir la lucha por la derogación de la Ley Antiterrorista, el esclarecimiento de la desaparición de Julio López, la justicia para niño qom Néstor Femenía muerto por desnutrición en el Chaco y tantos otros como él, los crímenes de luchadores populares así como garantizar las urgencias populares.
Pero sólo profundizando el camino revolucionario de la liberación nacional y social que destruya este Estado oligárquico imperialista, instrumento de opresión e impunidad, se podrá garantizar, con un gobierno popular, la verdadera investigación independiente que barra con la impunidad, juzgue y condene a todos los responsables de esta causa como de las otras que golpean al pueblo argentino.