Continúa afirmando el documento:
“Milani ya había sido denunciado en 1984, en el informe de la Conadep de La Rioja. Las pruebas contra él por su participación en el Operativo Independencia, en la desaparición del conscripto Alberto Ledo, en el secuestro y tortura de Pedro Adán Olivera y a su hijo, Ramón Alfredo, en el secuestro y tortura de Verónica Matta y el periodista Schaller, son abrumadoras. Denunciamos al juez Bejas, de Tucumán, que se negó a llamar a indagatoria a Milani, bajo los argumentos de la obediencia debida. También denunciamos al juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena por declarar nula la causa Olivera.
Milani es un ejemplo paradigmático de los miles de represores que permanecen en las fuerzas de seguridad sin ser juzgados por sus crímenes durante la dictadura. El empeño del gobierno en sostener a Milani, a pesar de las contundentes evidencias en su contra, se explica por su rol en la reorganización de un aparato de inteligencia dirigido al espionaje interno. La nueva ley de inteligencia le otorga un poder y un presupuesto fenomenales.”
En este marco se desató la ofensiva del kirchnerismo agudizando la lucha en el seno del Estado de las clases dominantes, que barrió a Jaime Stiuso de la ex SIDE, hoy radicado en EEUU tras haber sido estrecho colaborador del fiscal Nisman en la denuncia contra el CFK por encubrimiento en la causa AMIA.
La lucha popular en todo el país dejó expuesto al genocida Milani y fue horadando el doble discurso kirchnerista. Además ayudó a señalar a otros sectores de clases dominantes, como los diarios Clarín o La Nación, que si bien embistieron contra el militar, también están manchados con sangre de la represión dictatorial. Ahora, estos medios ponen el acento del pase a retiro sólo como una “pelea de palacio” entre Carlos Zannini y César Milani.
La lucha popular logró abrir una grieta en el oficialismo y obligó al Gobierno, tras el acuerdo con Scioli, a sacarlo de la escena electoral.
Por esto, el pase a retiro es un logro que abre una nueva etapa, que incluirá la necesaria movilización popular para que exigir la inmediata citación a indagatoria de Milani, que el gobierno no lo “recicle” en la AFI o en otro ministerio o secretaría, el desmantelamiento del área de Inteligencia que estaba a su cargo, la anulación de la Ley Antiterrorista, y justicia por Alberto Ledo y los 30 mil compañeros.