La reacción de estos sectores populares se produce además cuando los vecinos ven que los narcos son apañados con verdaderas zonas liberadas en los barrios populares por las fuerzas de seguridad. Cuando se denuncia a un violador y la primera sospecha en la comisaría o la Justicia es sobre la víctima. Cuando se ve descaradamente la protección de este poder político burgués y las fuerzas de seguridad sobre la trata de personas. Un ejemplo es la denuncia de la Fundación Alameda de más de 150 comisarios vinculados a la trata de personas y más de 1.200 prostíbulos sólo en la Capital Federal, con la complicidad del poder político.
Este tipo de hechos espontáneos o semi-espontáneos, donde sectores del pueblo descargan su bronca e incluso su furia, se producen cuando miles han llegado a esta conclusión de que quienes deberían dar soluciones son los organizadores del problema. Entonces, estas respuestas la inseguridad son producto del hartazgo de sectores populares ante la impunidad del accionar de ladrones y narcos entrelazados y organizados por o con las cúpulas de las fuerzas de seguridad, con la dirección o complicidad del poder político y judicial. En resumen: “el crimen organizado” (desde las comisarías).
Porque este hartazgo es el último acto de una olla a presión que también se compone del padecimiento cotidiano del ajuste, los bajos salarios o la desocupación, entre otras calamidades de la política antipopular del gobierno y del sistema capitalista imperialista en un país dependiente como Argentina.
Las derechas en campaña
Ante el fenómeno de los linchamientos se montó una campaña mediática de los principales canales y diarios para introducir el eje del “Estado ausente”. Cuando se agitan estos ejes, lo que se quiere decir es militarizar y profundizar la mano dura. No es nuevo. Desde estas campañas en otros años se discutió la pena de muerte en nuestro país y seguramente se busque insistir en la reducción de la edad de imputabilidad.
El gobernador Scioli dio el primer paso y decretó la emergencia en seguridad ciudadana. Destinará 600 millones de pesos, que no tuvo para los docentes, para equipamiento de las fuerzas de seguridad. Convocará a los policías retirados (una gran parte de estos fueron separados de la fuerza por corrupción, gatillo fácil, vinculación con la trata, narcotráfico y otros delitos) y fuerzas de seguridad privada. O sea van a perfeccionar y diversificar el llamado “crimen organizado” y la represión al pueblo en momentos donde la perspectiva es mayor ajuste, devaluación salarial, despidos e inflación.
Por otro lado, en el fin del ciclo de la década K, el gobierno se ha corrido el velo “nacional y popular” y comparte la preocupación del conjunto de las clases que miran con gran preocupación las reacciones populares frente al hartazgo de tanta impunidad, que cuestiona la seguridad jurídica y el control estatal.
El salto que han dado amplias masas populares es comprobar la vinculación de la policía con el delito y la complicidad de la Justicia. ¿Cómo no pensar que el ladrón, que no estuvo ni 12 horas detenido con cuatro antecedentes por robo, no trabaja para la policía en la zona? ¿Será pura casualidad que en los últimos 4 meses se “fugaron” de diferentes cárceles más de 100 presos? Entonces, ante esa realidad cotidiana, los vecinos actúan directamente. Las diversas respuestas en estas situaciones tienen algo en común: no confían en la Policía o la Justicia para resolver el problema de la inseguridad.
Una salida necesaria
Ante esta situación, lo primero que denunciamos es la pobreza y las precarias condiciones de vida de millones de habitantes que viven hacinados en las grandes ciudades, en las villas y asentamientos. Una situación que tiene responsables: la política kirchnerista y del conjunto de las clases dominantes. Una política que honra la deuda con los usureros internacionales, que paga 10 mil millones de dólares al monopolio imperialista Repsol o importa trenes de China, pero no invierte en un desarrollo industrial independiente que generen miles de puestos de trabajo.
La marginalidad creciente de los jóvenes lleva a que muchos sean reclutados por las fuerzas de seguridad, como se pudo observar en el conflicto policial a fines del año pasado, donde los grupos organizados llevaron de arrastre otros miles en los saqueos.
El Estado está bien presente y es responsable del entramado con el delito y el narcotráfico, desde las fuerzas de seguridad, la Justicia y funcionarios políticos. Las cúpulas de la policía son las que controlan “el trabajo de campo” del delito en el territorio. Y las cárceles son verdaderas “escuelas” del delito.
Reivindicamos e impulsamos el camino popular de los escraches a los violadores, los narcos y la trata, ante la complicidad del Estado.
Somos partidarios de la organización de la autodefensa de masas en los barrios, también para hacer frente al “crimen organizado”. Una organización popular que actúe frente al que delinque contra los trabajadores, exigiendo la presencia del juez o fiscal de turno, y garantice que haya control popular sobre lo que se va hacer; que exija la destitución y la cárcel para los comisarios y las cúpulas policiales denunciados y vinculados con el crimen organizado; que escrache las cocinas de droga en los barrios para desmantelar toda la base logística y económica.
Junto con esto es necesario el debate de masas que ayude a marcar una clara diferencia con los que atacan al pueblo, disputando a los jóvenes para que no sean ganados para ese camino. Desde aquí es necesario desatar la lucha para mejorar las condiciones de vida del pueblo y exigir al gobierno políticas concretas.
Tomamos como ejemplo los países que hicieron la revolución, destruyeron el Estado reaccionario, llevaron adelante las tareas democráticas y antiimperialistas, y construyeron el socialismo. En esos países se atacó la pobreza y se tomaron medidas contundentes con amplio protagonismo popular, desde el Estado popular de nuevo tipo dirigido por los trabajadores, contra todos los enemigos del pueblo.