El desalojo de la toma de Villa Lugano empezó a quedar sin efecto. El PRO tuvo que aceptar participar de la mesa de diálogo, en la Legislatura porteña, en busca de una solución a este conflicto. La novedad de esta mesa de diálogo que reclamaban los delegados llegó a la jueza en lo Penal Gabriela López Iñíguez, quien estaba a punto de dictar la nueva orden de desalojo.
Luego la jueza Elena Liberatori –a cargo de la causa por la urbanización de la Villa 20– recibió a los 21 delegados de la toma, acompañados por un grupo de legisladores y el defensor del Pueblo. Los delegados impugnaron el estudio ambiental presentado por el gobierno porteño, que asegura que las tierras que ocupan están contaminadas; propusieron que profesionales de la Universidad de Buenos Aires realicen un nuevo estudio del suelo. Sugirieron realizar un censo en la toma, donde se estima que hay unas 800 familias.
La historia detrás
En diciembre del año 2005 la legislatura de la CABA aprobó “por unanimidad” la Ley 1.770, afectando las tierras del predio que se encuentra entre las calles Cruz, Escalada, Pola y Chilavert del barrio de Lugano, de la Comuna 8, a las familias emergentes de la Villa 20 y a su urbanización. Estableció que la traza, tipología edilicia, tipo y cantidad de viviendas, uso del predio y criterios de urbanización serían tratados con los vecinos afectados, atendiendo sus necesidades y opinión.
No era un regalo de los Legisladores. Era el resultado de años de lucha de las miles de familias sin vivienda o viviendo en muy malas condiciones en villas, asentamientos, hoteles, inquilinatos.
Este predio –usado por décadas por la Policía Federal como cementerio de coches con gran descuido en su almacenamiento– mantuvo por años un foco de enfermedad en la Comuna 8, ya que las carcasas sirvieron como recipientes de larvas, mosquitos y basura, y las baterías contaminaban con sus líquidos el suelo y penetraban a las napas de agua subterránea, delante de los ojos de todos.
Recién en el año 2010 se empezó a retirar los autos del lugar. Pero simultáneamente, sin ningún cartel que indicara quién, por qué y para qué, “alguien” lo amurallo apropiándose de más del 60% del predio asignado a la urbanización de la Villa 20.
A fines del 2010 miles de familias ocuparon el parque Indoamericano de la Comuna 8. Discriminadas, no escuchadas, reprimidas, con muertos y dirigentes judicializados, fueron sacadas del parque con engaños.
A fines del 2012, el Gobierno de la Ciudad aprueba –con gran rechazo de legisladores, ambientalistas, urbanistas, comuneros y vecinos- un plan de urbanización de la Comuna 8 que pone en venta tierras de los parque Roca, Almirante Brown y de la Ciudad, con distintos destinos. Y aparece el terreno afectado como parte de urbanizaciones futuras.
Desde fines de febrero del 2014, a 9 años de sancionada la Ley 1770/05, las familias afectadas reclaman por su cumplimiento. Esta es la historia oculta, desvirtuada, tergiversada que está detrás de lo que los medios titulan: ocupación, usurpación, etc.
Lucha por tierra para vivir
En este mes las más de 800 familias han ido consolidando un cuerpo de delegados representativo por sector de 21 personas.
En la comisión de vivienda de la Legislatura hicieron oír su reclamo. Cuentan con el apoyo de las organizaciones sociales de la ciudad, de los legisladores de la oposición, y pudieron lograr reunir asesoramiento profesional y técnico para elaborar propuestas alternativas a los planes de urbanización que les ofrecen. Han podido elaborar propuestas que permitan realizar la remediación el suelo y la urbanización, simultáneamente y manteniendo a las familias en el predio.
Y esta semana fueron recibidos los 21 delegados por una comisión de legisladores del Gobierno de la Ciudad, abriendo una mesa de diálogo integrada por legisladores del PRO como Ritondo, Polledo y García; Ramal del PO; Vera de UNEN; Bodart de MST; Gentilini de Proyecto Sur (presidente de la Comisión de Vivienda); Alegre del FPV y el Defensor del Pueblo Alejandro Amor (sec. gremial del SUTECBA). En ella los delegados expusieron las necesidades y sus propuestas.
Tanto el PRO como Gentilini y Amor mantuvieron la posición del desalojo. Inclusive, el Defensor del Pueblo estuvo en el asentamiento días antes para “convencer” a los vecinos de que salgan ante el desalojo inminente.
Ya es sabido que Sergio Berni y Montenegro elaboraron y acordaron un plan de desalojo con la participación de las fuerzas federales y de la Ciudad que fue presentado a los bloques del PRO y del FPV. Pero al interior de ambas fuerzas las posiciones estan divididas ante esta opción. Sobre todo después que Gustavo Vera difundiera el mail del Papa Francisco diciendo que: “Antes no querían desalojar autos y ahora se apuran a desalojar personas”. La posibilidad de un desalojo violento con consecuencias políticas imprevisibles altera la estrategia papal de una transición controlada hacia el fin del ciclo kirchnerista.
Por otro lado, el kirchnerismo ha intentado dividir el asentamiento, poniendo el eje en que la toma se produce por una disputa entre punteros del macrismo y ocultando su responsabilidad en que no se haya avanzado con la erradicación del cementerio de autos, el saneamiento y la urbanización.
Toda esta situación, junto a la firmeza y unidad que mostraron los delegados y ocupantes, tuvo como consecuencia el llamado del PRO a esta mesa de diálogo y su anuncio de “un compás de espera”.
En ella expusieron las necesidades de vivienda, sus derechos, el incumplimiento de las leyes y sus propuestas. Y fueron recibidos por la jueza Liberatori, que aceptó incorporar al expediente sus petitorios y los informes elaborados por el equipo de profesores y urbanistas sociales del Taller Libre de Proyecto Social de la FADU-UBA. Y todo otro material que permita avanzar en una solución de la situación habitacional con cumplimiento de la Ley 1.770/05.
Es posible hacerlo por partes y es posible hacer ciudad, barrios y viviendas para y con los que las necesitan.
Corresponsal